La actividad empresarial es un aspecto que desde su creación ha sido seguida muy de cerca por los organismos competentes, y para darle un aspecto más oficial, las actividades efectuadas por estos negocios se deben regir por las distintas leyes que se desprenden de la legislatura, dando un aspecto en donde, las corporaciones entiendan que incurrir en cualquier falta será penalizada de acuerdo al reglamento.
Este seguimiento no se realiza con la intención de atosigar ni mucho menos al sector industrial, simplemente que un aspecto de tanta trascendencia para la población debe contar con la vigilancia acorde, pues aprovechándose de la amplitud del ámbito, muchos incursionan ven en este una fachada idónea para realizar negocios mal habidos amparados en una empresa de actividad económica.
Lo cual, hace que se cree desconfianza entre los propietarios y socios del negocio, haciendo una mala imagen del mismo y alejando a futuros inversores, lo cual puede generar cierta contracción al momento al existir un déficit en la inyección de capital, para evitar tales escenarios es que se han implementado una serie de leyes y decretos para que todo aquel que tenga la intención de integrarse al sector lo haga con la mejor disposición de trabajar honestamente.
El pago de distintos impuestos supone más que un tributo a las arcas del estado, una manera de hacer que los encargados de sus corporaciones lleven un control y organización financieramente, propiciando que la cancelación de estos, permita dar una imagen de responsabilidad y compromiso para con los encargados de llevar a cargo esta valoración y así mismo con la entidad gubernamental que se encarga del trámite.
El cálculo de la cuota de IAE, hace referencia al Impuesto sobre Actividades Económicas, el cual, se realiza enmarcado en las actividades de índole empresarial, profesional y artística, con la intención de integrarse o intervenir en los procesos productivos o de distribución en cuanto a bienes o servicios, a través de medios de producción o de recursos humanos e incluso ambos.
Por tal razón, el titular de la actividad tiene la responsabilidad de saber las actividades que debe declarar y los elementos tributarios que se toman en cuenta en cada una de ellas.
Ante eso, es frecuente que surjan interrogantes al momento de efectuar tales trámites, ya que una incorrecta declaración puede ser objeto de un procedimiento inspector, que puede terminar con la regularización de la cuota, y así mismo, verse traducido en la posible imposición de una sanción.
De igual manera, otro punto que pudiese deparar en dudas, es cuál actividad o acción particularmente requiere del pago del impuesto mencionado, por lo tanto, se debe aclarar que no constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:
1. La enajenación de bienes concentrados en el activo fijo de las empresas que hayan figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado en un lapso mayor a 24 meses (dos años) de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período.
De tal manera, que la venta, cesión o en dado caso donación de los bienes con tal grado de organización y en el periodo de tiempo correspondido de manera legal no suponen el pago de este impuesto.
2. La venta de los productos que se reciban por concepto de pago de trabajos personales o servicios profesionales.
3. La exhibición de artículos con el único fin de decoración o adorno del establecimiento. De distinta manera, estará sujeto al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
4. Al realizarse una venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.
La legislación española en estos casos suele hacer hincapié en la preservación del orden financiero de las empresas que se encarguen de este tipo de actividades de índole económica, debido a la proliferación de las mismas y a la relevancia del sector para el adecuado funcionamiento de la sociedad en materia alimentaria y de servicios básicos.
Amparados en esta legalidad, el estado garantiza que el ámbito económico se mantenga los más saneado posible y alejado de actos ilícitos que pueden perjudicar la figura de las compañías se dedican día tras día a laborar de manera correcto dentro del sector.
De esta manera, las empresas se ven en la obligación de mantener una organización administrativa correcta y en general esto propicia una ordenanza a nivel sectorial que permite una mayor compenetración, seguridad y claridad del mismo para con el estado y la población.
